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Los ojos del Estado miran al uso apropiado del suelo

La representante de la Superintendencia en Cuenca, María Augusta Muñoz, interviene en uno de los talleres de capacitación a funcionarios públicos del austro.

El territorio ha sido tradicionalmente un concepto restringido al espacio dentro del cual se asienta la geografía del país. Pero no hay actividad pública o privada, cultural, económica, social, política, que no se asocie a la superficie sobre la cual se desarrolla

A  partir de la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, fruto de la Constitución de 2008, es preocupación pública el tema territorial: “Las disposiciones de esta Ley serán aplicables a todo ejercicio de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial, planeamiento y actuación urbanística, obras, instalaciones y actividades que ocupen el territorio o incidan significativamente sobre él”, dice el artículo 2, refiriéndose a actividades del gobierno central, de los autónomos descentralizados, de personas jurídicas públicas o mixtas y de personas naturales o jurídicas privadas.


   Fernando Cordero Cueva, nombrado el 14 de junio pasado Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se posesionó ante la Asamblea el 6 de julio y en 180 días –hasta el 6 de enero próximo- deberá conformar la entidad para que de inmediato la Superintendencia funcione de manera descentralizada.

   La primera Superintendencia creada en el Ecuador fue la de Bancos en 1925, a raíz de la Revolución Juliana; luego la de Compañías y en el siglo XXI las de Economía Popular y Solidaria, de Telecomunicaciones y de Control del Poder del Mercado.

 

Fernando Cordero Cueva, Superintendente de Organización Territorial.

 En casi todos los países de América los Superintendentes los designa el ejecutivo. La Constitución de 2008 introdujo una innovación, para que ellos, si bien provienen de ternas propuestas por el Presidente, se integren a la función de Transparencia y Control Social, con autonomía para controlar los servicios públicos y los derechos ciudadanos que les corresponden.

   AVANCE dialogó con el Superintendente de Ordenamiento Territorial (SOT, abreviando la extensa nominación), a fin de conocer la entidad, sus competencias y responsabilidades y, con ejemplos prácticos, el papel que tiene a su cargo. También le planteó inquietudes inherentes al tema.

   Cordero opina que una apreciación superficial ha inducido a algunos municipios a creer que la SOT les restringe atribuciones y que sería una entidad centralista. Pero, no  hay intromisión al vigilar que se respete los derechos ciudadanos y se preste servicios en forma eficiente y se ejecuten bien las obras públicas, en el marco del ordenamiento constitucional y legal, de las ordenanzas municipales y la panificación de gobiernos autónomos descentralizados.

   En casos cotidianos se evidencia la necesidad de controlar el ordenamiento territorial, gestión que involucra a todos los niveles gubernamentales, municipales y de gobiernos descentralizados. Todos los días hay quejas por construcciones sin permiso que cubren la vista del vecindario, del paisaje, o se levantan a alturas que tapan la luz solar a la que todos tienen derecho. Las denuncias pasan a una urdimbre burocrática en la que los municipios son juez y parte: actúan los inspectores, los concejales, los comisarios que acaban por imponer multas, pero sin resolver los reclamos.

   La SOT, sin inmiscuirse, vigila que actúen razonablemente los municipios, que hagan valer sus reglas, pues si se detecta un error deben corregirlo en tres meses, para garantizar el derecho de las personas a un hábitat seguro y saludable, a la vivienda adecuada y digna, a que la propiedad urbana y rural cumpla la función social prevista en la Constitución.

   En Cuenca, como en todo el país, hay instituciones públicas –como el IESS- que tienen terrenos abandonados que no cumplen función social. ¿Qué puede hacer la SOT? La herramienta la tiene el municipio, dice el Superintendente, para castigar a quien acumula propiedades y no las usa, dándole plazo para aprovechar de los lotes no edificados. Si no cumple, puede expropiárselos al precio legalmente determinado.

Fernando Pauta sería nominado Intendente Nacional de ordenamiento territorial rural.

   La Superintendencia socializa la Ley mediante talleres para personeros municipales, de entidades públicas y de los 1060 gobiernos autónomos descentralizados del país, y ha recibido “una respuesta interesante” –dice Cordero- en las citas cumplidas y que continuarán hasta el 14 de noviembre. “Lo importante es hacer una enorme minga para ordenar el territorio nacional, de cada cantón y de cada parroquia. No ha habido respuestas negativas, pese a que yo les provoco para esperar reacciones: hay una gran contribución para aclarar contradicciones, malos entendidos y confusiones en el ejercicio de la rectoría definida en el COTAD”, señala.

   La SOT crea mecanismos de acercamiento a los gobiernos autónomos descentralizados, para corregir errores. Por ejemplo, contraviene toda norma la cantidad de edificios de veinte o más  plantas en la avenida Ordóñez Lazo, de Cuenca, sin que medie entre ellos la distancia que determinan las normas municipales. ¿Alguna vez llegará la luz del día a las habitaciones de las plantas inferiores? ¡Nunca!. La ordenanza dispone que la separación entre las torres de edificios será igual a la altura de esas construcciones. 

   Además, en la mayor parte de ciudades ecuatorianas aún queda espacio desocupado para no crecer en veinte años más, planificando el urbanismo con respeto a los espacios y limitando las construcciones en altura. También se da especulación en el precio del suelo, volviéndolo inaccesible para los afiliados al IESS que ganan el sueldo básico de 365 dólares. La escasez del suelo es ficticia y especulativa, opina.

   La especulación en el uso del suelo podría venir también de instancias municipales, en la aplicación del estacionamiento tarifado: pocas calles quedan en Cuenca sin líneas de parqueo pagado y este procedimiento se expande cada vez más lejos. El caso de la avenida Paucarbamba es clamoroso: en la amplia avenida de dos carriles de circulación se usa el uno, pues el otro está destinado a parqueo tarifado. Al respecto, Cordero responde que si es por dar un buen servicio, en buena hora. Pero el caso está dentro de las disposiciones de la Ley de gestión territorial referidas en el artículo 2, citado al inicio. 

   Consultado sobre la minería, dice que la explotación no podrá hacerse en zonas protegidas, lo que hasta consta en la Constitución. Tampoco en centros urbanos, como Zaruma. Descarta la concesión minera en la zona de El Cajas, parque nacional, zona de biosfera. Pero la zona de Río Blanco no es área protegida. Si se ha dado concesiones en zonas protegidas, son nulas. “Pocas constituciones en el mundo son tan explícitas en la defensa de áreas protegidas donde no puede haber minería”, afirma.

   Hay contraposición de funciones de entidades que nada tienen que hacer frente a determinadas responsabilidades municipales. En el Ministerio del Ambiente una gerencia dispuso cerrar los botaderos de basura, tema de exclusiva competencia municipal para recolectar y disponer el destino final de los desechos. Pero se dio órdenes absurdas y hasta se cobró multas a los municipios, que han tenido demasiada tolerancia y no han emitido quejas. Nadie puede asumir las competencias de otro.

   “La minga que proponemos es para que no nos pisemos las mangueras y cada quien actúe en la instancia administrativa que le corresponde, fortaleciendo las actividades, no compitiendo”, expresa el Superintendente, que recuerda que el Ministerio de Agricultura optó por levantar catastros, de los que el ministerio debería ser usuario de los municipios, y no al revés.

   En la amazonía hay territorios sin dueño sobre los que tienen competencia los municipios, pero se interpone el Ministerio de Agricultura con una secretaría de tierras heredera del INDA y del IERAC que sigue entregando terrenos. “Se ha descubierto que hay jueces que suplantan a los municipios y fragmentan sitios rurales bajo la figura de prescripción adquisitiva de dominio, que podría ser un acto colusorio con la complicidad del juez”, apunta.

   En cuanto a espacios verdes, en Cuenca un plan de desarrollo elaborado en 1980 por las firmas Indexa Consulplan determinaba que la ciudad requería de doce metros cuadrados por habitante. La disposición no ha sido derogada pero no se cumple.

   El Superintendente indica que la institución está en etapa de estructuración, como organización desconcentrada, autónoma, para la vigilancia de los procesos de ordenamiento territorial en todos los niveles municipales y metropolitanos. El artículo 96 de la Ley le asigna autonomía, patrimonio propio, capacidad sancionadora y le adscribe a la función de Transparencia y Control Social.

 

Alcaldes y funcionarios de gobiernos autónomos descentralizados del austro, al centro el Superintendente Cordero, en un aparte del taller de socialización al que asistieron.

 

 Ya está estructurado el modelo de gestión, con una intendencia general y cuatro intendencias nacionales funcionales: la primera es de ordenamiento territorial en el suelo rural, donde ejercen actividades el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, parroquiales y municipalidades; la segunda, de áreas urbanas, tiene que ver con planeamiento urbanístico, uso y gestión del suelo. Corresponde a la ciudad y a los municipios. La tercera es de información territorial, a la que todos puedan tener acceso gratuito; la cuarta, de investigación y difusión de derechos sobre la ciudad y el territorio, para trabajar con las universidades, gobiernos autónomos y las comunidades para profundizar en formas inteligentes de usar el territorio y para que se cumplan los derechos.

   La institución planea aprovisionarse de la más avanzada tecnología, de sistemas georeferenciados y mapas, para conocer al detalle la ubicación de los terrenos, de las viviendas, de puentes y obras públicas, escuelas, etc., información indispensable para planificar las actividades del sector público y del privado. Un ejemplo: será posible determinar la escuela más próxima a la que deberá concurrir un estudiante, sin movilizarse grandes distancias. 

   La sede de la Superintendencia de Organización Territorial será Cuenca. Las cuatro intendencias nacionales se conectarán con siete intendencias zonales. Actualmente la SOT funciona en un local de Senplades, antiguo CREA, pero se adecua la sede definitiva en un área de 1 500 metros cuadrados en el edificio del Banco Central, en Pumapungo. A nivel nacional 430 personas laborarán en la Superintendencia, con 35 en cada una de las sedes zonales y 140 en la entidad matriz.

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