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Demorada sentencia sobre 18 toneladas de medicinas falsas

Fotografía captada el día del allanamiento a la fabrica clandestina

El acusado apeló la resolución judicial condenatoria a cinco años de prisión, la destrucción de los productos adulterados y la entrega de maquinarias y vehículos decomisados a la Agencia de Control Sanitario (ARCSA). Según la acusación la Ley al castigar con cinco años es demasiado leve ante la gravedad del ilícito que pone en riesgo la vida humana

El caso de las 18 toneladas de medicinas falsificadas, caducadas y comercializadas por la fábrica clandestina Mediveza, aún no tiene sentencia definitiva, luego que el Tribunal Penal del Azuay resolvió condenar a cinco años de prisión a su responsable, lo que está en apelación y podría ir a las cortes provincial y nacional, demorando meses más.

   Es la más grande captura de medicinas adulteradas en el Ecuador, cuyo epicentro era una planta industrial en Putushí, parroquia Sayausí, a media hora de Cuenca. Tras meses de seguimiento por personal de Aduana y la Policía, el 25 de julio de 2016 fue el allanamiento, encontrándose máquinas en operación para “fabricar” medicinas sin registro sanitario, bodegas con medicamentos caducados desde 2001, paquetes de embarque listos para el transporte y distribución en el país.

Personal policial incursiona en un contenedor lleno de medicinas caducadas desde el año 2001

   En primera instancia un juez de la Corte de Cuenca –que fue sancionado luego- dispuso el sobreseimiento, pero la apelación propuesta por el Ministerio de Salud dio lugar a que se llamara a juicio a los propietarios del negocio, a quienes se impuso medidas cautelares como presentarse al juzgado cada 15 días.

   En diciembre de 2018 el Tribunal de Garantías Penales del Azuay, integrado por Patricia Novillo (Juez Ponente), Pablo Galarza y Luis Flores, recibió declaraciones de más de sesenta testigos a favor y en contra de los acusados, para el 8 de enero del año en curso condenar a cinco años de prisión a A.O.V.E., gerente propietario de Mediveza. Además, disponer que las medicinas fraudulentas sean destruidas bajo responsabilidad del Ministerio de Salud y que los vehículos y maquinarias incautados pasen a la Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA).

   La parte pertinente de la resolución judicial, textualmente, dice:  

   “a responsabilidad se ha demostrado con la prueba documental y testimonial actuada en audiencia, a.o.v.e  es el gerente y representante legal de mediveza, se ha demostrado que mediveza mantenía un local, clandestino donde producía, fabricaba y, expendía medicinas falsificadas, el día 25 de julio del 2017, al momento del allanamiento se encontró al gerente de mediveza en el local clandestino y en los seguimientos investigativos que precedieron al allanamiento, las facturas se encuentran a nombre de mediveza cuyo gerente es a.o.v.e  accionista principal de mediveza, dueño del terreno donde funcionaba el lugar clandestino, para la producción de medicamentos y desde donde se distribuía a farmacias de todo el sur del país, medicamentos falsificados y medicamentos caducados, quien mantenía el dominio del acto y del hecho; ese actuar doloso de a.o.v.e.  puso en riesgo grave la salud y la vida de los todos nosotros y adecuo así su conducta al tipo penal descrito y sancionado en el inciso primero del art. 217 del coip, en calidad de autor directo de la infracción, por lo que se declara su culpabilidad y se le condena a la pena privativa de libertad de cinco años, la misma que no se le modifica pues no operan agravantes de aquellas previstas en el art. 47 del coip, no opera la agravante del fraude propuesta por fiscalía y acusación particular para agravar la pena , pues esta implícita en el acto, esto es parte constitutiva del acto. con respecto a la procesada m.i. t.g. accionista minoritaria y presidenta de mediveza, no obstante que conocía de la ilicitud de la actividad desarrollado por su cónyuge y se beneficiaba de sus réditos, la acusación oficial y particular, no han logrado demostrar la actos ejecutados por aquella en cuanto a producir y distribuir medicamentos falsificados y medicamentos caducados, por lo que procesalmente corresponde declarar su estado de inocencia y dejar sin efecto las medidas cautelares que se hubieren dictado en su contra. se ordena la destrucción integral de todos los medicamentos incautados, y será la agencia de regulación, control y vigilancia arcsa quien en coordinación con las dependencias especificas del ministerio de salud y con la asistencia de gestores ambientales se proceda a dicha destrucción. se ordena también que toda la maquinaria en numero de 7, incautada a mediveza pase a arcsa. con respecto a los vehículos que eran utilizados para la transportación y distribución de las medicinas falsificadas, sean puestos a ordenes de l arcsa, que el ministerio de salud realice una campaña de seguimiento a todas las farmacias, boticas de las provincias australes para recoger los medicamentos falsificados distribuidos por mediveza, se dispone que el estado a través del ministerio de salud emprenda una campaña de concienciación publica sobre la compra de medicamentos eficaces y estables, que posean registro sanitario autorizado por el arcsa; se ordena que este fallo cuando el mismo se encuentre ejecutoriado se proceda a su difusión a través de los medios de comunicación escrita”.

 

Hacinamiento de medicinas encontradas en un rincón del galpón donde  eran adulteradas con modernas maquinarias

      La defensa del acusado apeló a la condena de cinco años de prisión. Considera entre otros argumentos que el examen para entender que son medicamentos falsos es insuficiente; que no hay prohibición para importar medicinas al granel; que no hay existencia material del supuesto delito y tampoco se demuestra que los medicamentos estaban caducados.

    Desde el operativo de allanamiento para decomisar las medicinas adulteradas -25 de julio de 2016- han transcurrido más de dos años y medio. La demora en la tramitación judicial obedecería a la congestión de causas en los juzgados.

   Si luego de la resolución del Tribunal Penal que debe darse este mes, todavía se apela a otras instancias, la sentencia final podría quedar pendiente para el segundo semestre del año en curso. “Justicia que tarda, no es Justicia…” dice una sentencia popular.

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